La Universidad Nacional de Río Negro, junto a otras Universidades Nacionales, representantes de pueblos originarios y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, impulsan una reforma parcial de seis artículos de la Ley de Educación Superior con el objetivo de consagrar el derecho a la educación superior de los integrantes de pueblos originarios y de afrodescendientes. Al mismo tiempo, trabajan en cada institución, en distintas estrategias para que este derecho se concrete en la realidad.
Según se informa desde la UNRN, la institución “ha transitado, desde sus inicios, un camino de acciones orientadas a promover el ingreso y la permanencia de jóvenes pertenecientes o descendientes de pueblos originarios, teniendo especialmente en cuenta que la provincia de Río Negro tiene –de acuerdo al último censo-, el 7,1% de la población que se reconoce indígena. Se trata de 45.375 personas sobre un total de 638.645 habitantes. Ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%. No obstante cabe advertir que la participación de descendientes de pueblos originarios es muy superior, o sea que los censos poblacionales subregistran la realidad. La Universidad tiene, al día de hoy, 575 estudiantes cuyos apellidos pertenecen a pueblos originarios o se autoperciben como pertenecientes a los mismos, cantidad que representa apenas el 5,7 % del total de su matrícula, lo cual nos preocupa mucho”.
En una nota de prensa firmada por su rector, Juan Carlos Del Bello, se señala que la UNRN lleva adelante múltiples iniciativas: “desde el Programa Línea Sur, que tuvo como principal objetivo el acceso a la educación universitaria de poblaciones de pueblos originarios rionegrinos y otros grupos subrepresentados; el Programa de Extensión En Boca de Todos, que atiende la salud bucal de la población de los más lejanos parajes de la meseta rionegrina; hasta la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y la implementación de cursos y proyectos de voluntariado que tiene como finalidad aportar al desarrollo local y regional y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región. En la misma línea, la UNRN consolidó su programa de Becas -destinadas al estudiantado de carreras de grado de ciclo corto o largo en situación de vulnerabilidad socioeconómica- con una línea específica para becas para estudiantes provenientes de pueblos originarios. Desde el año 2015 hasta la fecha ha otorgado 23 becas”.
También señala que “en paralelo y a partir de este año, la UNRN implementó un cupo protegido para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios en aquellas carreras con numerus clausus. De esta manera se pretende implementar una política de índole reparatoria y de acción afirmativa en una provincia y región con una importante proporción de la población descendiente de pueblos originarios”.
Dialogamos con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, licenciado Juan Carlos Del Bello, para profundizar en algunos aspectos de esta importante iniciativa y en las acciones que ya se están llevando adelante desde la Universidad.
Tradicionalmente ir a estudiar a un centro urbano ha significado un factor de emigración de los jóvenes de su localidad de origen. ¿Tienen relevamientos de cuál es la decisión de los graduados al momento de establecerse para ejercer su profesión?
Es muy interesante la pregunta, como para tomar nota y hacer un seguimiento de los egresados de los pueblos originarios. No tenemos un seguimiento de graduados, que nos aporte ese dato. Si es una preocupación. Ahora que vamos a abrir, si todo va bien, el año que viene Medicina, nosotros pretendemos que aquellos estudiantes que prevengan de la Línea Sur y la zona rural vuelvan a su lugar de origen y no que emigren. Parte del proceso de selección a la entrada no sólo incluye aspectos cognitivos, sino una serie de entrevistas para asegurar que haya una predisposición para desarrollar su trabajo en los territorios de los cuales provienen. Si elegimos chicos que provienen de la Línea Sur y después terminan emigrando, terminamos contribuyendo a la despoblación. Es una preocupación concreta que tenemos para la carrera de Medicina, que tiene una perspectiva de Medicina General, que buscamos que dé cobertura al territorio.
Para garantizar derechos no alcanza con reformar la ley, hay muchos temas que escapan a las Universidades y es necesaria la inversión y compromiso del Estado.
Es verdad que tenemos un problema muy estructural en el país que no se resuelve con esta modificación parcial de la Ley de Educación Superior, que garantiza el derecho a la educación superior de jóvenes indígenas y afrodescendientes. Estamos convencidos de que no basta con una reforma legislativa, lo que hace esta reforma legislativa es contribuir a la visibilización del problema estructural, pero no es magia, no podemos pensar que porque se reforma una ley inmediatamente hay una política activa. Esperamos contribuir, modestamente, desde el ámbito universitario, asegurando el derecho a la educación universitaria de este grupo poblacional con apoyo económico, medidas de incentivo.
Por otro lado, cuentan con la ventaja que quien se asume como miembro de un pueblo originario, en general lo hace también en forma comprometida, por lo que la Universidad tiene un terreno fértil para lograr que vuelva a su lugar de origen.
Es fundamental asegurar que el ingreso no termine en una deserción inmediata, una especie de puerta giratoria. Hay que asegurar una política de retención y permanencia.
En el 2015 hubo una reforma que incorporó el derecho de los discapacitados. Hay reformas que tienden a plantear que la Educación Superior es un Derecho Humano. Ahora o que estamos haciendo es visibilizarlo. Sin dudas que tenemos que explicitar que las instituciones de Educación Superior tienen que garantizar derechos a los miembros de los pueblos indígenas y afrodescencientes y contar con recursos materiales para que continúen sus estudios, pero también tenemos que propender al fortalecimiento de la identidad colectiva.
En la autopercepción hay un subregistro porque hay una estigmatización y hay algunos estudiantes que no quieren autopercibirse. En la práctica hay un problema de racismo estructural, que es un verdadero problema.
¿Esta reforma implica recursos para becas o residencias universitarias?
Es muy interesante la pregunta porque la reforma tampoco es exclusivamente de las Universidades, es una cuestión que hay que resaltar. La modificación legislativa que se propone es a la Ley de Educación Superior, que involucra también a la educación terciaria en jurisdicción de las provincias. Entonces también compromete a las jurisdicciones provinciales a darse una política al respecto porque alcanza a las universidades provinciales, los institutos de formación docente, los institutos técnicos terciarios. También es necesario el aporte de recursos del Estado nacional para garantizar estos derechos y cuáles son las políticas activas para asegurarlos.
Es un momento oportuno, el presidente de la Nación ha planteado que es su intención modificar la Ley de Educación Superior. El grupo que integro con otros rectores, representantes de pueblos originarios y de la asociación de abogados de derecho indígena, planteamos que no puede esperar a una reforma integral de la ley y planteamos que haya una reforma parcial. Este tema seguramente se va a plantear en la próxima reunión plenaria del (CIN) Consejo Interuniversitario Nacional a fines de marzo, donde estaría previsto que asistan los promotores de esta modificación legislativa a hacer una presentación al pleno del plenario de rectores y rectoras y creo que vamos a sacar un pronunciamiento favorable.
En nuestro caso, como institución, nos damos una política activa como la entrega de becas focalizadas y otras acciones como los cupos protegidos. Por ejemplo en Odontología no podemos tener ingreso irrestricto porque tenemos 70 sillones odontológicos, esto depende de la capacidad del hospital escuela. La modalidad de docencia es de un auxiliar por cada uno de los sillones, es prácticamente una enseñanza personalizada. Los nuevos modos de enseñanza en ciencias de la salud son con una formación práctica muy importante. Esa formación práctica implica que no puede ingresar todo el que quiera. El ingreso a la Universidad es directo pero hay algunas áreas que tienen estas particularidades. En estos casos nosotros hemos definido cupos protegidos para discapacitados y para miembros de pueblos originarios. Esas son políticas activas para asegurar la mayor incorporación. Nosotros estamos convencidos que hay subregistro en los censos poblacionales por el mecanismo de la autopercepción, la estigmatización y el racismo estructural hace que no se autoperciban. Aquellos que se autoperciben es porque tienen un compromiso, una identidad, una militancia, un sentido de pertenencia, pero no son todos.
¿Qué pasa con los saberes de los pueblos originarios? ¿Cómo se incorporan al saber común y al conocimiento científico?
El proyecto de ley también considera que las instituciones de educación superior deberían tener programas de educación intercultural que tengan como eje prioritario los conocimientos tradicionales y los modos de producción de conocimiento de las comunidades. No todo el conocimiento es conocimiento occidental. Si no, no podríamos entender las prácticas de la medicina china, que son prácticas que no tienen que ver con la medicina occidental. ¿Cuánto sabemos de los conocimientos de los pueblos originarios de América Latina en el campo de la salud? Hay aprendizajes por hacer. Los conocimientos no dialogan, los que dialogan son las personas, es importante que las personas que dialogan incorporen los saberes que son tradicionales, propios del conocimiento de las comunidades.
“Más allá de los esfuerzos individuales realizados por nuestra institución y otras universidades estatales, resulta crecientemente evidente que es necesario actualizar la Ley de Educación Superior (LES). Es necesario que la LES fomente que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de nuestro país, tal como lo recomendó la CRES reunida en Cartagena de Indias en 2008 y lo reiteró la CRES reunida en Córdoba en 2018. De este modo, la LES podría servir de base para el diseño de políticas y programas específicos, deliberadamente orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades”, sostuvo Del Bello, y concluyó que “la educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo”.